El proyecto de Ley, según su exposición de motivos, "facilita la resolución de litigios entre los clientes y las entidades que operan en el ámbito de la prestación de servicios financieros". Se incluyen los servicios bancarios y de pagos, la comercialización de seguros, los fondos de pensiones y otros instrumentos de ahorro y la actividad de los fondos de inversión y otros agentes de mercados de capitales.

El nuevo organismo "nace con la finalidad de resolver reclamaciones contra incumplimientos de las normas de conducta, buenas prácticas y usos financieros o sobre el carácter abusivo de cláusulas contractuales" con el objetivo de restituir o reparar los intereses o derechos de los clientes que "pudieran haber sido vulnerados en la prestación de un servicio, o en la contratación de un producto financiero".

Los Colegios de Mediadores se muestran satisfechos con la eliminación de la tasa de 250 euros por reclamación que deberían de pagar los negocios de la mediación y las empresas demandas, según el proyecto original de creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero.